martes, 11 de noviembre de 2014

Más personal para la Agencia de Licencias apertura o Actividad


El Ayuntamiento de Madrid ha decidido reforzar con 27 interinos su Agencia de Gestión de Licencias de Actividades (AGLA) durante al menos un año. En Cibeles desvinculan este incremento de plantilla con un atasco en la concesión de permisos para la puesta en marcha de negocios, ya que aseguran que «casi el 80% del total» pueden levantar el cierre al día siguiente de presentar una declaración responsable.

La explicación a la contratación de más personal es que tras la aprobación de la Ordenanza para la Apertura de Actividades Económicas en febrero los ciudadanos tienen ahora «más posibilidades de elección» y pueden «acudir directamente a los servicios municipales» para gestionar sus expedientes. Esta opción se eliminó después de que se destapara el escándalo de la operación Guateque, una presunta trama de corrupción en la concesión de licencias de actividad o  apertura por funcionarios públicos.

En 2009, el entonces alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, decidió externalizar entonces la concesión de permisos y dejarla al 100% en manos de las Entidades Urbanísticas Colaboradoras (ECUS). Una sentencia del Supremo confirmó a finales de 2013 la anulación de la exclusividad de tal medida, acordada previamente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Así que las autoridades locales han tenido que redactar una nueva normativa para subsanar los fallos y desde hace ocho meses se puede acudir indistintamente a una de esas 24 empresas homologadas o a cualquiera de las ventanillas de la Administración.

El sector privado se queja ahora de que el Ayuntamiento de Madrid ejerce una «competencia desleal» ya que «está aplicando las mismas tasas de 2004», entre un 5% y un 15% inferiores a los precios actuales. «Nos parece perfecto que el ciudadano tenga la posibilidad de elegir, pero que sea en igualdad de condiciones», señala Mariano Fuentes, director general de la Sociedad Técnica de Tramitación (STT)y miembro de Ecutecnia, la plataforma que engloba a todas las ECUS.

Aparte de cuestiones económicas, la compañía promovida por el Colegio de Aparejadores denuncia que al AGLA «le faltan recursos técnicos» para asumir la nueva carga de trabajo. Según los datos de sus propios expedientes en tramitación, desde mayo no se ha concedido ni una sola licencia urbanística. En el Ayuntamiento señalan que es «difícil» cuantificar el volumen de solicitudes de este tipo de permisos -«que ahora son muy escasos»- pendientes de respuesta porque «intervienen diversos servicios municipales». «En todo caso, según la nueva Ordenanza para la Apertura de Actividades Económicas, el plazo se ha reducido en un mes, pasando de tres a dos meses en la actualidad para su otorgamiento o denegación», argumentan. Otras fuentes consultadas por este periódico sitúan en 6.000 dicha cifra.

Los expedientes que no se resuelven con licencias de actividad, licencia exprés, licencia de apertura ahora se tramitan con las novedosas declaraciones responsables:  la persona que quiere montar una empresa presenta un escrito en el que asegura que cumple con toda la normativa vigente y al día siguiente puede darla oficialmente por autorizada, a expensas del resultado de la inspección municipal del local que se tiene que realizar en un plazo máximo de dos meses.

Aquí es donde las ECUS establecen la diferencia para el emprendedor entre acudir a la ventanilla municipal -«donde presentas tu documentación y te vas»- o recurrir a los servicios de una de las 24 intermediadoras -«que te aseguran la viabilidad de tu negocio, ya que te revisan tu actuación previamente»-.

Los ciudadanos tienen que decidir ahora si prefieren pagar hasta un 15% más por este servicio que les garantiza que no les cerrarán el local o abonar tasas de 2004 que cobran los técnicos municipales sin la certeza de lo que ocurrirá cuando los inspectores actúen pese a que en la normativa municipal en vigor dice textualmente: «Los interesados podrán dirigirse al Ayuntamiento de Madrid o bien acudir a la colaboración privada de estas entidades en los términos establecidos en la ordenanza, sin que de ello pueda derivarse tratamiento diferenciado alguno».

En el AGLA, sin embargo, señalan que su objetivo prioritario «no es competir» con las ECUS, sino «colaborar». «Ellas hacen bien su trabajo. Ambos tenemos como finalidad común servir más y mejor a los emprendedores», dicen.

Fuente: http://www.elmundo.es/madrid/2014/10/18/5442e279ca47413f748b4580.html

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